Cristina y Máximo Kirchner presenciaron este viernes de manera virtual la lectura de los cargos en la causa Hotesur-Los Sauces, por parte del Tribunal Oral Federal Nº 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni.
En rigor, la ex presidenta y el diputado, junto al resto de los imputados, habían sido sobreseídos en 2021 por los jueces de primera instancia Adrián Grünberg y Daniel Obligado alegando que no hubo lavado de activos. Sin embargo, los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, miembros de la Sala I de la Cámara de Casación, revocaron ese fallo en septiembre de 2023 y ordenó el debate oral, luego del triunfo de Javier Milei en las PASO para las presidenciales.
Michilini, Palliotti y Pelloni se limitaron este viernes a dar inicio formal al proceso, pero el debate arrancaría recién el 19 de marzo próximo, en medio del frenesí por la definición de los candidatos para las elecciones de 2027. En el kirchnerismo están convencidos que el timing judicial está cronometrado con el calendario electoral, para afectar la suerte de Máximo.
Entre las curiosidades más comentadas en Comodoro Py figura la reserva de la Sala AMIA para que se realicen audiencias hasta los sábados, una audacia del tribunal. «Es inédito, no tiene precedentes, ni con el Juicio a las Juntas», dijo un juez a LPO.
La duda es si los dirigentes gremiales de los judiciales aceptarán que sus afiliados tengan que acudir a Tribunales los fines de semana, algo que nadie se atrevió a colar ni en la ley de reforma laboral.
Como sea, el arranque del proceso se produce después de la unificación de Hotesur y Los Sauces resuelta esta semana por Petrone y Barroetaveña, con la disidencia de Alejandro Slokar. La decisión del TOF Nº 5 había sido que se tramitasen por separado pero los dos magistrados que formaron mayoría cedieron a la presión de las querellas para que se realicen juntos.
La causa investiga si la actividad hotelera en Hotesur y Los Sauces sirvió para que el empresario Lázaro Báez y el Grupo Índalo realizaran operaciones de alquiler que sirvieran para desviar fondos públicos.
Entre los imputados, además de Cristina y Máximo, se encuentran Báez, su hijo Martín Báez, la exdiputada Romina Mercado y el empresario Osvaldo Sanfelice. También deben rendir cuentas el contador Víctor Manzanares, el escribano Ricardo Albornoz, Emilio Martín, Martín Samuel Jacobs y Alberto Oscar Leiva.
Los fiscales Diego Velasco y Juan Agustín Argibay Molina plantean que Báez y el Grupo Índalo habrían efectuado pagos por alquileres a Los Sauces, incurriendo en el posible delito de lavado.
